Navarra y Alava, la decisión de Zapatero

Si analizamos la política del Gobierno Zapatero en política territorial en los últimos años nos daremos cuenta de que ha estado caracterizada por una práctica en la que a una primera decisión de carácter aquiescente con las reclamaciones periféricas seguía otra en sentido contrario, quizás presionado por sus barones. Las posteriores decisiones han quedado marcadas por esa dinámica de vaivén, de flujo y reflujo, en la que las dinámicas de recorte han ganado sobre las de cesión.

Eso es lo que sucedió en Cataluña. A una promesa original de acceder a las peticiones que se hicieran desde Cataluña (hecha antes de las elecciones del 14-M), siguieron unas pautas de condicionamiento del proceso estatutario catalán que se tradujeron en el "famoso" cepillado del texto original a su paso por las Cortes, resultado de unas negociaciones con los partidos catalanes en las que éstos se dejaron entrampar por los ardides desplegados desde el Gobierno central.

En la CAV las promesas de cambio se han visto difuminadas con el desenlace de la tregua y los resultados electorales. Las promesas de reforma estatutaria han quedado en el vacío, corroborándose lo que parecía una presunción generalizada: que en todo caso, dicha reforma se harían previa instalación del Partido Socialista de Euskadi en el Gobierno Vasco y en las Diputaciones. Ello ha hecho que el Plan Ibarretxe haya quedado en una situación de impasse a falta de otra alternativa, quedando como el punto mínimo a partir del cual arrancar.

Por otra parte, el mantenimiento del Gobierno Vasco en manos del tripartito y de las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa en manos del PNV en un caso y de una coalición entre PNV y EA en el otro, deja al PSE en una situación difícil: a su fracaso por intentar mediatizar la política vasca desde la entrada en el poder provincial en Gipuzkoa (pese a las increíbles ofertas que lanzó el PSE a EA y a EB/Aralar con un reparto del poder ciertamente sustancioso y la posibilidad de rechazar infraestructuras viarias como la Y vasca), se añade que ahora es el propio PSE quien debe dar la auténtica medida de sus posibilidades decidiendo el rumbo de la política vasca a partir de quién debe gobernar en la Diputación de Álava.

Llamativamente, la decisión para Álava, diferida hasta el 26, queda condicionada por la decisión sobre Navarra. El PSOE debe decidir en Navarra entre UPN o entre una coalición con Nafarroa Bai e IU. En Álava debe decidir entre el pacto con el tripartito (lo que le daría el gobierno municipal de Vitoria, a cambio de ceder al PNV, EA y EB/Aralar la Diputación) o el pacto con el PP. En Navarra, a falta de cinco días para que llegue el 17 no parece que se hayan reanudado las negociaciones, no al menos con el suficiente vigor como para recuperar lo abortado el día 5, cuando Nafarroa Bai se negó a un reparto de las consejerías que beneficiaba estrepitosamente a los esquemas del PSN. El PSN puede entregar el poder a UPN de varias formas: mediante un pacto explícito, posibilitando un gobierno de UPN en minoría o accediendo de facto a una repetición de las elecciones en el caso de que para el 17 ni Puras ni Sanz se oferten como candidatos a la presidencia.

Acostumbrado a marear la perdiz y a que los adversarios políticos decidan en un clima de incertidumbre (sobre todo en el caso vasco, condicionado hasta ahora por el contexto de la tregua y el proceso de normalización/pacificación), no son pocas las dudas que acosan a Zapatero y al PSOE. La repetición de una apuesta con la derecha españolista en Alava y Navarra para recrear el colchón constitucionalista de la última década sirve para poco: el miedo a perder votos del Ebro para abajo (votos que se pueden frijar con una política auténticamente protgresista) favorece a medio y largo plazo al PP y cortocircuita las expectivas de una posible transversalidad en las cuatro provincias entre el socialismo y el nacionalismo.