Socialistas airados de la Ribera

22 agrupaciones locales del PSN de la Ribera se reunieron el pasado lunes en Valtierra y consensuaron un documento muy duro con los órganos de decisión del PSOE y del PSN en el que destacan los siguientes aspectos. En primer lugar, la petición de dimisión de Carlos Chivite como secretario general del PSN, así como la de todos los miembros de la Ejecutiva regional, y la solicitud al grupo parlamentario para que pida perdón a la militancia por haberse "doblegado" ante los intereses electorales de Ferraz entregando el poder a la derecha. En segundo lugar, la acusación dirigida al Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, de ser el máximo responsable de la "traición" que el PSN habría cometido no sólo contra su militancia sino "contra toda la sociedad navarra a la que prometimos cambio" para luego "entregar y regalar el poder a UPN". En tercer lugar, la explicitación de que la apuesta del partido debe seguir siendo "conformar un gobierno de convivencia, progreso y de izquierdas con NaBai e IUN" aún por encima de las "imposiciones" de Madrid. En cuarto lugar, la exigencia de que las relaciones del PSN con el PSOE sean de igual a igual, garantizando el derecho de decisión de los socialistas navarros en la línea de las promesas incumplidas de Rodríguez Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación: "Para evitar estas disfunciones y aberraciones, planteamos que se modifiquen los estatutos del PSOE para que entre el PSOE y el PSN se puedan establecer unas relaciones de igualdad y poder así tener capacidad de decisión y autonomía suficiente para dejar de aparecer ante la sociedad navarra como una mera sucursal de Madrid". Como colofón de todo ello, el documento finaliza con la consideración de que, tras la imposición de Ferraz, el PSN es un partido que "carece de credibilidad porque denota que no tiene principios, ni valores, ni código ético, ni dignidad, sólo puro y duro cálculo electoral". A su juicio, lo ocurrido en el PSN es "quizá de lo más grave que le pueda ocurrir a un partido porque no se justifica, en absoluto, la manera de proceder ni en el fondo ni en las formas, de los compañeros de Madrid desautorizando, doblegando y humillando la voluntad y el sentir general, casi unánime, del Partido Socialista de Navarra". Para este grupo de críticos, el veto de Madrid al cambio político aún por encima del clamor del PSN y de la sociedad navarra pone en juego "la propia democracia interna del partido" puesto que tal mandato "atraviesa la raya divisoria entre lo que es democracia y las actitudes autoritarias". El resultado es que "ante la sociedad nos sentimos humillados y estamos tan desacreditados que no podemos levantar cabeza".

Por otra parte, hoy mismo veremos si esas reflexiones son compartidas por las agrupaciones de la Cuenca de Pamplona y de la Zona Media que han sido convocadas a una reunión. Con todo, la filtración de que el fracasado candidato del PSN a la alcaldía de Pamplona pueda ser presidente de la Mancomunidad de la Cuenca con el apoyo de UPN, puede interpretarse como un aviso de los cargos que podrían llegar como premios de una actitud sumisa de esas agrupaciones.

Es posible que algunos lectores vean en aquel documento de los socialistas riberos sólo una expresión de las tensiones internas existentes en el PSN. Sin embargo, un análisis detenido muestra que tiene más importancia de la que parece, siendo, hasta cierto punto, un documento histórico. Por primera vez, socialistas de la Ribera rompen con la doctrina del cordón sanitario respecto a las formaciones políticas vasquistas que propugna el navarrismo excluyente, doctrina identitaria propia del sistema político del Amejoramiento, absolutamente esencialista y para nada cívica. Todo ello es más elocuente si cabe si pensamos que los mensajes identitarios que se acompañan a dicho navarrismo excluyente buscan la configuración de la Ribera como territorio de trinchera refractario en relación con algunos elementos del navarrismo vasquista como el euskara y el modelo D.

Con todo, si bien la apuesta que el socialismo ribero hace por un gobierno con Nafarroa Bai y con IU prueba que sus bases, hartas del chantaje permanente del complejo peperoupenista, comprenden que el futuro de Navarra pasa por un entendimiento transversal escorado hacia la izquierda, hay algunas cuestiones que no se plantean en el documento mencionado y que son claves para entender lo sucedido. El veto al gobierno de progreso y de convivencia no ha sido solamente consecuencia de que los órganos centrales del PSOE hayan ninguneado la capacidad de decisión del PSN y de los navarros. Ha sido también secuela propia de todo un sistema político, el del Amejoramiento, establecido como tema de Estado, con el impulso y la venia del PSN, sobre la exclusión de un tercio de los navarros y en cuyo desarrollo no se ha intentado paliar, sino todo lo contrario, ese vicio de origen, seguramente porque de dicha exclusión resultan permanentemente beneficiados unos mismos agentes políticos, económicos y sociales. Resultaría gratificante que el socialismo navarro derivase sus reflexiones en esa dirección y no intentara rehuirlas.

Pasaporte para Peperolandia

Carlos Chivite, el secretario general del PSN, trata de calmar a su militancia crítica, dándole parte de razón al achacar el veto a Nafarroa Bai y a IU a "razones de índole superior" que él no alcanza a entender, pero afirmando "que seguramente están bien fundamentadas". A la par de eso, solicita a las bases "sosiego y unidad" y ataca a quienes han pedido mayor autonomia para los socialistas navarros.

De cualquier forma, quienes, simpatizantes de otras formaciones, también nos hemos visto frustrados con la actitud del PSN y del PSOE, echamos de menos que, para equilibrar el desparpajo de las firmas sociatas que desde el Diario de Navarra han defendido y defienden el status quo del Amejoramiento y el apoyo al gobierno de UPN, no haya dirigentes o militantes del PSN cualificados que salgan directamente al encuentro de los infundios planteados por algunos comentaristas, sacando a relucir las bases programáticas acordadas por los tres grupos políticos que, como hemos sostenido, no eran nada estridentes y sí perfectamente cabales.

Hace ya semanas que sacamos a relucir un artículo de opinión publicado en El Pais en el que se justificaba torpemente el rechazo a un gobierno de progreso y convivencia en Navarra porque eso sería ceder a las tesis nacionalistas, etc. El sábado pasado, Antonio Elorza, volvía a insistir en parecidas tesis con un artículo titulado Pasaporte para Plimlico. Este catedrático de Ciencia Política, de quien las malas lenguas mencionan su tendencia a amenazar y golpear a los miembros de tribunales de habilitación que votan en contra de sus candidatos, daba una nueva vuelta de tuerca a los fundamentos acordados por la intelectualidad del foro madrileño para hacer inteligible la posición socialista en relación con Navarra. Para Elorza es el ideario y las oscuras intenciones de Aralar lo que conducen a que una coalición entre el PSN y Nafarroa Bai sea imposible. En sus palabras: "Análogas consideraciones pueden aplicarse a una asociación PSN-NaBai acordada a ciegas. Es por supuesto muy importante que la formación dirigida por Patxi Zabaleta haya renunciado a la lucha armada, y condene en consecuencia la práctica del terror, pero eso en modo alguno agota el tema de su posible consideración como partido de gobierno en Navarra. Detrás de la cortina de NaBai, conviene tener en cuenta lo que piensa el verdadero protagonista, Aralar. Hubiera sido más tranquilizante que desde su posición como segundo grupo votado, NaBai planteara algo tan lógico como encabezar la alianza con el PSN, si de lo único que se trataba era de hacer una gestión de progreso y de cambio, objetivo perfectamente alcanzable a la vista del balance de UPN. Pero si de entrada la coalición daba por buena la primacía del tercero en discordia, ello confirmaba de modo indirecto que sus metas eran otras, en la línea de la concepción mitológica expuesta por la militante anónima en Bayona. Se trataría ante todo de avanzar hacia lo que su nombre indica, Navarra'tik Nafarroa'ra, de la Navarra actual a la Nafarroa abertzale, con el euskera por emblema y el horizonte abierto a la materialización de la imaginaria Euskal Herria independiente, de rasgos idénticos a la que busca el nacionalismo radical, con ETA a la cabeza. Con toda la cautela del mundo, pues Patxi Zabaleta y los suyos son conscientes de que parten de una posición minoritaria y hay que caminar a pequeños pasos, ante todo hacia esa primera vinculación entre la CAV y el ex reino, contando con el favor de un PSN que, siguiendo el ejemplo de los mayores, ve con buenos ojos la colaboración con un grupo independentista. Más allá de los números, con el cocktail de independientes y ésta o aquella vicepresidencia, esto es lo que estaba en juego, y lo que ha quedado en la sombra".

No importa que la defensa de cualquier ideario sea totalmente lícita si se hace democráticamente. No importa que los contenidos negociados por el PSN, Nafarroa Bai e IU hablaran del respeto al marco institucional y de rechazo a la violencia de ETA, afirmando su voluntad de construir una Navarra articulada e integrada a partir del consenso. No importa que Aralar sea sólo un partido absolutamente democrático de los cuatro que integra Nafarroa Bai (cinco, si tomamos en cuenta la masa de independientes), una coalición absolutamente democrática. No importa que Nafarroa Bai sea una coalición transversal en la que algunos partidos han pactado largamente con el PSOE en gobiernos autonómicos o en el Congreso y en la que otros partidos han sufrido en estos últimos meses el cortejo indisimulado del PSE en relación alguna diputación vascongada. Tampoco importa la actitud divisora y tramposa de UPN en relación con el tema navarro que parte en dos a la misma sociedad navarra, excluyendo de hecho a buena parte de la ciudadanía por considerarlos malos navarros. Lo que importa es intoxicar y hablar de intenciones ocultas, más que de conductas políticas documentadas y reflejadas por escrito.

Esto recuerda a una película, no rodada sino vivida en directo, de la que toda la ciudadanía española fue actora. Se vivió entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 y en ella los dirigentes del Partido Popular trataron de culminar su labor adoctrinadora respecto a la población de los años anteriores, labor en la que no se cansaron de insistir sobre la maldad intrínseca de las ideologías ajenas. Difuminaron su propia responsabilidad y tergiversaron en su propio provecho la autoría de los atentados que costaron la vida a casi dos centenares de personas. La película se llama Pasaporte a Peperolandia y es una película que ha tenido secuelas continuas durante todos estos años gracias a la habilidad del PP para marcar, sea como sea, la agenda política y para señalar los límites de la acción política del Gobierno Zapatero, forzando a éste a encallar en multitud de temas. Y todo ello, con la colaboración de comentaristas políticos pretendidamente de izquierdas y encastillados en sus torres de marfil que parecen muy cómodos en el territorio acotado de debate político y en los limitados valores a los que quiere circunscribirnos al Partido Popular.

El acuerdo que nos perdimos

Frente a las características maximalistas e irreales de los contenidos relativos a Navarra de la negociación con Batasuna del pasado otoño, las negociaciones del PSN con Nafarroa Bai y con IU se llevaron desde la mesura y el más absoluto de los realismos. El pasado 8 de agosto el Diario de Noticias daba cuenta de los contenidos del gobierno de progreso y de convivencia, siendo al acuerdo entre los tres grupos total.

El acuerdo se sustentaba en tres bases: apuesta por las políticas sociales, garantías de respeto al actual estatus de Navarra y reconocimiento de su pluralidad desde la apuesta por la convivencia.

El acuerdo se dividía en varias partes: principios inspiradores; elementos orientadores de la acción de gobierno; desarrollo institucional y democrático; las personas; el desarrollo sostenido y sostenible; elementos para el funcionamiento y coordinación de la acción institucional y política del Gobierno, de los grupos que habían de sostenerlo y de otros ámbitos (sociedades públicas y otros organismos); elementos para la garantía de la estabilidad gubernamental y elementos de garantía para el desarrollo del acuerdo.

Era en el apartado de los principios inspiradores del acuerdo donde se afrontaban las cuestiones más espinosas. En él se mencionaban el compromiso de los firmantes por el respeto por la actual realidad institucional, la relación con el Estado desde la lealtad recíproca y la condena explícita del terrorismo. También en ese mismo apartado se recogían otros aspectos como el respeto a la pluralidad, la apuesta por la convivencia y la capacidad de interlocución directa frente a la UE en lo que a cuestiones de interés específico se refiere. Asimismo, en lo que respecta a la política lingüística, también se había llegado a un entendimiento con la actual legislación como base, pero con la posibilidad de modificación en función de "la demanda y la realidad sociolingüística de la ciudadanía".

En el apartado relativo al desarrollo institucional y democrático se aclaraban cuestiones como la reforma del Amejoramiento, la Ley del Vascuence o las relaciones con la CAV. Sobre el Amejoramiento se decía que cualquier reforma "deberá garantizar y mejorar la estabilidad y fortalecimiento institucional de Navarra, la mejora de los servicios a los ciudadanos, el incremento del Bienestar Social y el impulso de la justicia, la igualdad, la libertad y el progreso". Se añadía que una reforma "substancial" habría de ser sometida a referéndum. Sobre el euskera se apostaba por el "desarrollo y en su caso modificación de la Ley del Vascuence para garantizar un tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística de la ciudadanía". En el supuesto de una posible modificación, se hablaba de crear una ponencia parlamentaria que busque el adecuado consenso en esta materia". También había acuerdo respecto a las relaciones con la CAV. Así, se apostaba por fomentar la cooperación "normalizada" con todas la Comunidades "sin exclusiones, especialmente con las limítrofes, incluida la Comunidad Autónoma Vasca, desde el recíproco respeto y reconocimiento, en concretas materias que puedan resultar de mutuo interés y disponiendo, en su caso, instrumentos de seguimiento y coordinación que no dispongan ni puedan alcanzar carácter institucional".

En el apartado sobre las personas, se fijaban posiciones en relación con la cuestión expresada en el apartado de los principios sobre el desarrollo económico y social. Se daba a las políticas sociales la máxima prioridad y se establecían compromisos sobre servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y cooperación al desarrollo. Se especificaba un incremento del gasto público educativo hasta niveles del 6 por ciento del PIB y de un plan de medidas urgentes que implicaran una mejora de la atención sanitaria pública a todos los niveles.

A todos estos contenidos renunció el PSOE, siendo francamente dudoso que la ciudadanía navarra pueda obtenerlos a través de la acción de gobierno de UPN y CDN. El tiempo dirá si la labor opositora del PSN permite que el gobierno de Miguel Sanz se aproxime a ellos, pero lo más lógico es que no, vistos los antecedentes. Harían bien los comentaristas pretendidamente de izquierdas de medios como El Pais, la Ser, etc. en no olvidar todo ello, en vez de tratar por todos los medios de justificar vetos, cuya única explicación es el miedo patológico del PSOE al PP y a su brunete mediática, con argumentos agarrados por los pelos y que parten de oscuras intenciones que para nada están documentadas.

El PSOE, Navarra y el proceso de negociación con ETA

Una de las cuestiones que suscitan mayor estupefacción en relación con la conducta mostrada por el PSN y por el PSOE en el proceso de negociaciones mantenido para la conformación del Gobierno de Navarra ha sido el hecho de que el veto a Nafarroa Bai y a Izquierda Unida fuera posterior a un acuerdo programático con esos dos partidos caracterizado por la sensatez política, sobre todo máxime cuando ocho meses antes los socialistas habían accedido con ETA y con Batasuna a negociar unos contenidos mucho más chirriantes.

Según las informaciones publicadas por Diario de Noticias a finales de julio (más concretamente, los días 28, 29 y 30) y que son las noticias más completas y exhaustivas de que dispone la opinión pública (desde luego mucho más que las suministradas por El País o por Gara), el borrador del acuerdo de 31 de octubre de 2006, surgido de las reuniones entabladas en los dos meses anteriores en Loyola entre representantes del PSE-EE, Batasuna y PNV (partido éste último incorporado entonces a dicha mesa política trilateral, vistos los nulos progresos registrados hasta entonces) hablaba de Mecanismos que posibiliten la adopción de decisiones a la ciudadanía vasca y de Órganos de articulación territorial. Hay que subrayar que ninguno de los representantes permanentes que asistieron a las reuniones era navarro y que, ausentes UPN, el PSN, EA, Aralar y Batzarre, era mínima la representatividad de los negociadores en relación con el electorado de Navarra.

Sobre los Mecanismos que posibiliten la adopción de decisiones a la ciudadanía vasca se decía "Nos comprometemos a defender que las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado. El acuerdo resultante garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o injerencia sino que, además, puedan ser materializados si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado a través de los procedimientos legales. Dichos procedimientos legales podrán ser modificados en el futuro para que no sea una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio".

Sobre los Órganos de Articulación territorial se decía "Partiendo de la actual realidad jurídico-política nos comprometemos a promover la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios. Este órgano tendrá las atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones serán objeto de negociación durante el transcurso del diálogo multipartito". Asimismo, se apuntaba que "Nos comprometemos a respetar el derecho de los representantes democráticamente elegidos a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos de Euskal Herria". Por último, también se mencionaba que "Nos comprometemos a la creación de una eurorregión vasca u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya permitiendo. Nos comprometemos a promover acuerdos y políticas transfronterizas".

A nadie con las mínimas entendederas en materia constitucional se le escapa que esos puntos acordados no tienen cabida en el actual ordenamiento. Afirmar que "las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado" supone incorporar a las relaciones entre Euskal Herria y el Estado estructuras de cosoberanía política y de confederalidad, de muy difícil aceptación por las fuerzas políticas españolas (no digamos el PP, pero tampoco en la mayor parte del PSOE), tal y como ya se vió con el Plan Ibarretxe, que partía del engarce constitucional que proporcionan los derechos históricos.

Por otra parte, el acuerdo relativo a "la creación de un órgano institucional común para los cuatro territorios" con "atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa en el marco competencial que se acuerde, de conformidad con el ordenamiento jurídico" excede muy mucho las características que el constitucionalismo español concede a los Órganos Permanentes de Encuentro. Según la Constitución, estos órganos pueden ser foros permanentes de relacion, de debate y de concertación, pero las políticas deben ser ejecutadas por cada Gobierno. Dichos Órganos no pueden tomar decisiones jurídicamente relevantes ni ejecutar decisiones administrativas, ya que, de lo contrario, quedarían afectados el fondo competencial de cada autonomia y la labor de control del ejecutivo por parte de los respectivos Parlamentos. Los Órganos Permanentes de Encuentro, según el articulado constitucional, no pueden suponer la creación de ninguna estructura política federativa, ni tampoco cesión de competencias ni ejecución de políticas por los órganos que se crean en el acuerdo. Negociar sobre la posibilidad de que órganos institucionales comunes entre la CAV y Navarra tengan competencias ejecutivas y de proposición legislativa para las dos realidades institucionales plantea exigir al ordenamiento vigente una flexibilidad que no tiene, ni siquiera en su capacidad de ser reformado (que precisa de una mayoría difícil de alcanzar hoy por hoy en el Parlamento Español). Desde el punto de vista político, ese acuerdo articulaba un escenario nebuloso e irreal, inaceptable para las fuerzas no firmantes y tremendamente complicado para las firmantes.

No sólo con la mirada de los meses transcurridos, sino colocándonos en la perspectiva de entonces, resulta del todo punto increíble que la representación de Batasuna se pensara que lo acordado no sólo era factible desde el punto de vista jurídicopolítico y que la voluntad de Zapatero era la de cumplir con lo pactado, sino que encima se empeñara en la conveniencia de exigir más reivindicaciones.

El "Yo acuso" de Demetrio Loperena

El aezcoano y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco Demetrio Loperena publicó el pasado viernes 10 de agosto un artículo titulado "Yo acuso" al que resulta obligado hacer mención. Provocado por "la pérdida de la última esperanza de normalización política en Navarra", Loperena realiza diversas acusaciones de las que recogemos las siguientes:

"Yo acuso de discriminación planificada contra los navarros que se sienten vascos contraviniendo gravemente el principio de no discriminación que garantiza la Constitución, arts. 1.1, 3.3 (la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección) y 9.2 (obligación de remover los obstáculos para que la igualdad adquiera su plenitud)".

"Yo acuso de violar sistemáticamente el artículo 44 de la Constitución negando el derecho a la cultura vasca a la mayoría de los navarros".

"Yo acuso de tratar institucionalmente a los navarrovascos como subciudadanos, esto es, privados de algunos derechos fundamentales, creando una suerte de guetos administrativos a través del mecanismo malicioso de convertir en sinónimas las palabras vasco y etarra".

"Yo acuso de que para promocionar en la Administración e indirectamente en muchas empresas, hay que despojarse de los aditamentos vascos, relegando su disfrute a la intimidad".

"Yo acuso de discriminar al asociacionismo navarro que incorpora señas de identidad o proyectos filovasquistas".

"Yo acuso de que en la mayor parte de las oposiciones en Navarra se da a la lingua navarrorum, como la llamaron los romanos, igual valor que al conocimiento de lenguas extranjeras".

"Yo acuso de discriminar brutalmente en el plano económico a los ayuntamientos desafectos, esto es, vasquistas".

"Yo acuso de hacer política antivasca hasta con las señales de tráfico". "Yo acuso de que lo que es normal en materia cultural en todas las demás comunidades autónomas con lengua propia, en Navarra sea sacrilegio".

"Yo acuso de que los estudiantes euskaldunes no tienen los mismos derechos en su educación que los castellanohablantes".

Estamos de acuerdo con todas esas aseveraciones. En sí, lo más preocupante del boicoteo del PSOE a un gobierno transversal de convivencia y progreso con Nafarroa Bai y con IU es el hecho de que tras él late la apuesta por un sistema político, el sistema político del Amejoramiento que este año cumple 25 años, en el que el tercio del electorado vasquista queda relegado a una situación de exclusión. Ese tercio de la población queda subordinado a una posición de ciudadanos de segunda ya que, con la excusa de las "razones de Estado", se le aparta de las opciones de gobernar y administrar Navarra. Esa posición subordinada hace que los discursos constitucionalistas referentes a la igualdad de los ciudadanos ante la ley queden aquí, en la práctica, ciertamente disminuídos.

Discurso de investidura de Sanz

El discurso de investidura de Miguel Sanz ha demostrado el gran margen de maniobra del que dispondrá el gobierno de UPN y CDN durante la próxima legislatura. Sanz ha vuelto a apelar al PSN para trabajar a favor del "interés general" de Navarra, mencionando la posibilidad de colaborar en materia de bienestar social. De cualquier forma, Sanz no se ha olvidado de recordar que, en caso de ingobernabilidad (es decir, en el caso de que UPN se tenga que enfrentar a votaciones en contra en el Parlamento en temas sustanciosos), no le temblará el pulso a la hora de convocar elecciones anticipadas.

En su discurso, tal y como ha recordado el nuevo portavoz del PSN, Roberto Jiménez, no se han recogido las cuestiones que los socialistas consideraron ayer prioritarias (sin especificar qué ocurriría en el caso de que UPN no las considerara como tales), debiéndose de poner en marcha de inmediato por parte del gobierno entrante. No obstante, la mención de tales cuestiones calificadas como de prioritarias no dejaba de ser un brindis al sol. La gratuidad de la A-15 y la reducción de las listas de espera no son cuestiiones nada nuevas, siempre han contado con el no de UPN y, por lo que toca a la primera de ellas, entre sus impulsores no estaba el PSN. Otras cuestiones , como el alegal modelo british o el impulso del TAV, son compartidas por UPN y si este partido no las ha desarrollado no ha sido por falta de ganas, sino por falta de medios o de entendimiento con el gobierno Zapatero. Otras son, sin más, estrambóticas: pedir a UPN que todas las fuerzas políticas tengan representación en régimen de igualdad en los organismos públicos y en los Consejos de Administración de las sociedades públicas es una pura memez, teniendo en cuenta que la derecha navarra ha hecho bandera de la exclusión de determinados agentes políticos y sociales.

La bajada de pantalones del PSN se ha acompañado de amenazas nada veladas a los críticos de dicho partido, críticos, por otra parte, que, salvo unas pocas excepciones, y a pesar de las protestas de los primeros días, está volviendo al redil, sin desarrollar ninguna acción de oposición real ni seria a las decisiones de Ferraz

El Editorial de El Pais de ayer

El editorial de ayer de El Pais, que con el título "Navarra en la tormenta" trataba de la situación política navarra, exige más de un comentario.

Resulta totalmente incomprensible la crítica que los editorialistas de El Pais hacen al intento del PSN de liderar el cambio de gobierno en Navarra. Se dice: "Los socialistas se disponen a pagar un alto precio por una crisis que, como la de Navarra, no deriva de ninguna quiebra institucional sino de una mala gestión política de los resultados electorales del 27 de mayo. El PSN fue la tercera fuerza más votada, por detrás de UPN y Nafarroa Bai, y su primer error consistió en creer que convenía a sus intereses y a los de las instituciones forales negociar por separado los principales puestos en disputa: la alcaldía de Pamplona, la Mesa del Parlamento regional y el Gobierno autónomo". Lo de que el PSN no debía de haber asumido, visto su papel de tercera fuerza, el ensayo de encabezar el gobierno de coalición con Nafarroa Bai e IU ha sido algo repetido en varias ocasiones por ese medio. Ahora bien, ese ensayo era el corolario lógico de una campaña electoral en la que la noción de "cambio político", emitida desde el PSOE con el asenso de los demás partidos que estaban en la oposición en nuestra comunidad, fue el mensaje sustancial. Además, pretender ahora que el PSN no debía de haber aceptado la invitación de las otras dos fuerzas para presidir el gobierno de coalición es incurrir, pura y simplemente, en una falacia en relación con los principios básicos de la politología en España y en Navarra por cuanto la presidencia para aquel partido era la condición imprescindible para la existencia del gobierno tripartito mismo, siendo inimaginable un gobierno presidido por Nafarroa Bai con el apoyo socialista (como inimaginables serían gobiernos de coalición presididos por ERC con el apoyo del PSC o por el BNG con el apoyo del PSG, incluso en el caso de que las organizaciones socialistas catalana y gallega tuviesen un resultado peor que esos dos partidos nacionalistas).

Seguidamente, en dicho editorial se menciona la inoportunidad del gobierno tripartito, visto el momento en el que nos encontramos en relación con el proceso de paz. En opinión de los editorialistas del periódico madrileño, "A este primer error sumaría un segundo, determinante en el actual episodio: adoptar un papel protagonista que no se correspondía ni con el respaldo electoral del que dispone ni con el contexto político que contribuyeron a crear la estrategia antiterrorista del Gobierno de Zapatero, por un lado, y la desmesura de la oposición del Partido Popular, por otro. El color del Ejecutivo de Navarra se convirtió en una prueba falaz acerca de la continuidad o la ruptura del proceso de paz, y en estas condiciones los pactos poselectorales se han revelado imposibles por el temor a su influencia en las generales de marzo". Verdaderamente, resulta toda una sorpresa esta apelación a los ecos del proceso de negociación con ETA, algo totalmente roto según se repite desde las instancias del PSOE y tal y como prueba la constante detención de activistas etarras, en la dinámica de posible conformación del gobierno de Navarra en base a una alianza transversal entre socialistas y nacionalistas que condenan tajantemente la violencia y que han reconvertido drásticamente su mensaje anclándolo claramente en Navarra. En el caso de que el PP hubiera dirigido su artillería en contra de ese hipotético gobierno tripartito, acusándolo de ser resultado de cesiones obtenidas por el chantaje terrotista, habría sido cuestión de la praxis política y de la política de comunicación de ese gobierno y del gobierno central atajar ese infundio. No sería el único bulo del que el PP habría tenido que desdecirse. Por otra parte, resulta increíble que no se mencionen en el mencionado editorial las repercusiones positivas que el gobierno tripartito habría tenido en el proceso de normalización política, un gobierno tripartito que, por razones obvias, habría tenido entre sus mayores enemigos justamente a la izquierda abertzale.